Presentan diagnóstico sobre situación de mujeres privadas de libertad en El Salvador

Por: Roselia Núñez

 

El diagnóstico “Mujeres privadas de libertad en El Salvador, realidades y proyecciones”, fue presentado este 24 de agosto en la Universidad de El Salvador el cual “recopila y analiza la información estadística existente, a fin de facilitar la identificación de líneas de acción para la rehabilitación y reinserción de esta población”, históricamente invisibilizada por la sociedad.

Elena Freedman, de la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ACISAM, explica que con esta actividad se busca sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la realidad que viven las mujeres recluidas y que el estudiantado apto para realizar el servicio social tenga la oportunidad de desarrollarlo en los centros penales y de esa forma aportar a la rehabilitación y reinserción de esta población.

La presentación de este diagnóstico “es de mucha trascendencia, ya que aborda una problemática de un sector social casi olvidado, y el visibilizarlo nos refleja una realidad que hay que atender.  Somos una universidad muy comprometida y no podemos estar alejados de estas situaciones y es la oportunidad para ratificar ese compromiso”, dijo el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Vicente Cuchillas.

Según este informe, son 3 mil 218 mujeres privadas de libertad en el país, 66% de ellas se encuentran albergadas  en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para mujeres de Ilopango.  El resto en los Centros Penitenciarios de Quezaltepeque, Sensuntepeque, San Miguel y el Pabellón Resguardo Psiquiátrico que aunque son para hombres,  han sido destinados para recluir mujeres y disminuir el hacinamiento en Ilopango.

“El régimen penitenciario salvadoreño está diseñado para ser aplicado en varias fases, a través de las cuales las privadas de libertad transitan en virtud de su evolución dentro del sistema y de los dictámenes técnicos correspondientes”, se indica en el informe.

Las fases que de acuerdo a la Ley deberían pasar las personas condenadas a una pena de prisión son régimen abierto y régimen cerrado, que a la vez se dividen en adaptación y ordinaria, mientras que el abierto en confianza y semi-libertad.

“La mayoría de mujeres (90.35%) se encuentra en régimen cerrado. Muchas de ellas cumplen con los criterios para pasar al régimen abierto, sin embargo, por la lentitud del proceso evaluativo para acceder a beneficios, resultado de la sobrecarga de trabajo de los Equipos Técnicos que genera la sobrepoblación y la falta de personal, se mantienen aún en Régimen Cerrado. El dato que se registra en Ilopango es de 186 mujeres que ya han cumplido su tercera pena y esperan respuesta para pasar a fase de confianza”, se indica en el documento.

A la fecha, las mujeres en fase de confianza se albergan en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para mujeres de Ilopango y en el de San Miguel; las mujeres que están en fase de semi-libertad se encuentran en el Centro Penitenciario, Granja Izalco y el Centro Abierto, Santa Tecla.

Hasta abril de 2016, 51 niñas y 51 niños vivían con sus madres en el Sector Materno Infantil del Centro Penitenciario de Granja de Izalco, ya que según la Ley Penitenciaria, “las mujeres que tengan a sus hijas e hijos menores de 5 años pueden criarlos hasta esa edad dentro del centro penitenciario, si no tiene otra opción para su cuido a fin de fomentar el apego”.

De acuerdo a datos del diagnóstico, 35 niños y niñas están albergadas con sus madres en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Quetzaltepeque y 3 niñas en Sensuntepeque, y “se mantienen ahí por ser hijas e hijos de madres que pertenecen a pandillas y de ser ubicados en otros centros, la vida de ellas y ellos puede correr peligro”.

El diagnóstico presentado por ACISAM, forma parte del proyecto “Acción Social desde la UES hacia las Mujeres privadas de libertad”, ejecutado en la UES por el Centro de Estudios de Género, la Unidad de Proyección Social y Facultad de Ciencias y Humanidades.

El proyecto ha sido presentado a las autoridades universitarias bajo el acuerdo Marco de Cooperación entre la UES y la Dirección General de Centros Penales (DGCP), firmado en el 2013 y renovado en el 2015.

Mediante el acuerdo, ambas instituciones se comprometen a trabajar de manera conjunta la planificación de actividades, así como apoyar la ejecución de otros proyectos de desarrollo que surjan dentro del marco establecido  y que conduzcan el mejoramiento de la calidad de vida dela población privada, aunque no estén contemplados en los campos de cooperación que se establecen en dicho convenio.

La actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias y Humanidades, la Asociación de Investigación y Capacitación para la Salud Mental (ACISAM) y el Centro de Estudios de Género de la UES.

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