Derechos Humanos de las Mujeres

Recomendaciones al Estado Salvadoreño en materia de derechos sexuales y reproductivos

Por: Yanira Patricia Portillo *

 

Derechos sexuales y reproductivos, una deuda del Estado Salvadoreño…

 

La Organización Mundial de la Salud definió en 2002, que los derechos sexuales abarcan derechos humanos reconocidos por leyes nacionales, documentos internacionales de derechos humanos y otros acuerdos de consenso, que son parte integral e indivisible de los derechos humanos universales.

 

Estos incluyen el derecho de todas las personas a vivir libres de coerción, discriminación y violencia, a: Tener el mayor estándar posible de salud, en relación con la sexualidad, incluyendo el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; Buscar, recibir e impartir información en relación a la sexualidad; Educación sexual; Respeto por la integridad corporal; Elección de pareja; Decidir ser o no ser sexualmente activo; a tener relaciones sexuales consensuales; Matrimonio consensuado; Decidir tener o no tener, y cuándo tener hijos/as; y Ejercer una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. - Compromisos internacionales suscritos por El Salvador y su vinculación con los derechos sexuales y derechos reproductivos. Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva. El Salvador 2011) -

 

Los derechos sexuales y reproductivos son los derechos que toda persona tiene para decidir con quién, cuando y cómo tiene o no hijos y relaciones sexuales. Son derechos que garantizan la libre decisión sobre la manera de vivir el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva.

Los derechos sexuales incluyen el derecho humano de la mujer a tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente sin verse sometida a coerción, discriminación o violencia. Supone unas relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, que garanticen la integridad de ambos y el respeto mutuo, asumiendo de manera compartida, las responsabilidades y consecuencias que se deriven de sus comportamientos sexuales.

Los derechos reproductivos hacen referencia a ciertos derechos humanos ya reconocidos en tratados internacionales y a otros que todavía no están reconocidos, como por ejemplo: el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libremente el número y espaciamiento de hijos/as, y a disponer de información, educación y medios para ello, o como el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción o violencia.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos están estrechamente relacionados con algunos Derechos Humanos como son: el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, seguridad, privacidad, a la información, educación y, a la salud, entre otros.


Los derechos sexuales constituyen una apelación sólida a la universalidad porque aluden a un elemento que es común a todas las personas: la sexualidad. Por eso el concepto evita la tarea compleja de identificar una sub categoría fija de personas a quienes se les aplicarán estos derechos. Al proponer una visión alternativa de la sexualidad como aspecto fundamental de la experiencia humana, como algo central para el desarrollo pleno de la personalidad, tan importante como la libertad de conciencia o la integridad física, el concepto de derechos sexuales tiene un enorme potencial transformador no solo para las “minorías sexuales” de la sociedad sino también para sus “mayorías sexuales”.


Derechos Reproductivos-Derechos Humanos, la denominación “derechos reproductivos” tiene un origen reciente, fue adoptada en la Reunión Internacional sobre Mujeres y Salud en Ámsterdam en 1984. Se podría tomar este hecho como el comienzo de una larga marcha del movimiento de mujeres a nivel mundial para ampliar los alcances del concepto de derechos humanos.

En dicha Conferencia se realizó la primera formulación expresa de los mismos: “los derechos reproductivos reposan en el reconocimiento básico del derecho de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento y oportunidad de tener hijos/as, y a tener la información y los medios para hacerlo, y el derecho a alcanzar el más elevado estándar de salud sexual y reproductiva, lo que incluye el derecho que le asiste a todas las personas de tomar decisiones reproductivas libres de discriminación, coerción y violencia tal como lo expresan los instrumentos de derechos humanos.

De lo que se ha relacionado, se puede concluir que los Derechos sexuales protegen la libertad sexual de cada persona, es decir, el derecho a escoger a una pareja; decidir ser sexualmente activo o activa o no serlo; ejercer una vida sexual satisfactoria, segura y placentera.

Los Derechos Reproductivos protegen la libertad de cada persona a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos y las hijas, la autodeterminación reproductiva que implica estar libre de interferencias en las decisiones reproductivas, derecho a planificar la familia, así como a estar libre de todas las formas de violencia y coerción que afectan la vida reproductiva de las mujeres.


Entre los diferentes aspectos que comprenden los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos se puede mencionar, Información: Cada persona tiene derecho a estar informada adecuadamente sobre la sexualidad; Educación: el derecho a recibir educación en el tema; Opción y preferencia: está referido al derecho de cada persona a decidir sobre su orientación sexual; Salud sexual: comprende la protección contra enfermedades de transmisión sexual.


No obstante los derechos sexuales son violentados a través de diferentes formas, por ejemplo a través de: Incesto, abuso sexual, prostitución forzada, discriminación por opción sexual y mutilación genital.


De igual forma, los Derechos Reproductivos comprende el tener acceso a: Información, educación, asesoría científica, protección y atención al embarazo, protección y atención al parto, lactancia, acceso a métodos anticonceptivos, planificación familiar, fecundidad, interrupción del embarazo, esterilización, atención de calidad, paternidad responsable.

Sin embargo, al igual que los derechos sexuales, los derechos reproductivos también se violentan de diferentes formas como: No tener acceso a la información, no educar, impedir el acceso a la planificación familiar, no prestar atención a las mujeres que abortan, embarazos forzados, aborto sin consentimiento, esterilización forzada, prueba de embarazos y control de la natalidad, entre otros.

Reconocimiento de los Derechos Reproductivos

El reconocimiento de los derechos reproductivos como derechos humanos se ha producido en la legislación interna de los países y del Derecho Internacional Público, encontrándose en instrumentos internacionales de población y desarrollo. Así mismo en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que en El Salvador es Ley de la República.


Así también el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido un papel primordial en el reconocimiento de los derechos reproductivos, contemplados en diversos instrumentos entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Esta última en el artículo 12 referido al derecho a la Salud, señala la obligación de los Estados de garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto. Los servicios serán gratuitos, cuando fuere necesario, garantizando una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.


Otro instrumento de mucha importancia lo constituye el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. En el Estatuto se considera que las violaciones sexuales en las guerras tienen la misma importancia del delito de genocidio. Incluye como crímenes de lesa humanidad, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otros abusos sexuales.

En el Sistema Interamericano, en otros instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José”, ratificada por El Salvador el 15 de junio de 1978, el artículo 6 hace referencia a la prohibición en todas sus formas, de la trata de esclavos y de mujeres, así mismo el artículo 17 contempla normas referidas a la Protección de la Familia, reconociendo el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, siendo fundamental para la celebración, el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. Establece que los Estados deberán tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.

El sistema regional ofrece enfoques normativos que contemplan la protección a los derechos sexuales y derechos reproductivos, especialmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”, ésta incluye la violencia sexual dentro del concepto de violencia contra la mujer, violación, abuso sexual, prostitución forzada y acoso sexual en el trabajo, en las instituciones educativas y en establecimientos de salud.


Instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes en materia de derechos humanos

Los Derechos Humanos están contenidos en acuerdos y convenciones regionales e internacionales adoptadas por los gobiernos, bajo el auspicio de las Naciones Unidas u otros organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos.


Los instrumentos vinculantes se refieren a Tratados internacionales firmados y ratificados por los gobiernos, que imponen obligaciones en el marco del derecho internacional, las que se comprometen a cumplir los Estados Partes.


Los instrumentos no vinculantes se refieren principalmente a las conferencias de Naciones Unidas u otros organismos, así como a acuerdos o declaraciones adoptados por consenso intergubernamental. Si bien no son vinculantes en estricto sentido jurídico, estos acuerdos, como por ejemplo el Programa de Acción de Viena sobre Derechos Humanos, las Plataformas de Acción de la CIPD o de Beijing; o declaraciones como la de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993 o la Declaración del Milenio en el año 2000, se convierten en fuentes consuetudinarias del derecho internacional. De esta manera, forman parte del marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, y establecen principios y estándares de conducta que los gobiernos deben proteger y promover.


En los Tratados relacionados existe el elemento en común del compromiso del Estado de promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos; a manera de ejemplo se puede constatar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere en el artículo 6 al derecho a la vida como inherente a la persona. Establece el derecho a la privacidad (Art. 17); la libertad de pensamiento y conciencia (Art. 18) y la no discriminación y la igualdad ante la ley (Arts. 24 y 26).


El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala la protección a la maternidad, protección a la niñez y adolescencia contra la explotación económica y social (Art. 10), reconociendo el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental: a asegurar la reducción de la mortalidad infantil, la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad para todas las personas (Art. 12).


Monitoreo de los Tratados de Naciones Unidas

Los Tratados sobre derechos humanos generan responsabilidad y deberes para los gobiernos de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de toda la población. Existen siete Tratados de Derechos Humanos que son monitoreados por Comités que dan seguimiento al cumplimiento de los Estados parte, de los acuerdos que constan en los Tratados o Convenciones: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Influyen mediante la emisión de observaciones específicas sobre el avance de los Estados y su cumplimiento en materia de derechos humanos.

Recomendaciones generales de los Comités de Derechos Humanos

El Estado salvadoreño es subscritor de diversos Tratados internacionales que son leyes de la República en base al Art. 144 de la Constitución que manifiesta que “Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República, al entrar en vigencia conforma a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución” por lo tanto son normativas de obligatorio cumplimiento para el Estado. (Observaciones y recomendaciones de Organismos Internacionales al Estado Salvadoreño en materia de Derechos Reproductivos de las Mujeres. Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Diciembre de 2011).

Existen diversos mecanismos por los cuales los sistemas de protección (en el caso de El Salvador, Sistema Interamericano OEA y Sistema Universal ONU) vigilan o supervisan que un Tratado se cumpla, por medio de los informes periódicos que los Estados deben enviar al organismo contralor. Si la instancia de vigilancia constata que el Estado no está cumpliendo, le dicta observaciones y recomendaciones que tienen el propósito de orientar al Estado sobre las medidas o acciones a seguir para el adecuado cumplimiento de la norma internacional.

La jurisprudencia de los Comités de Derechos humanos tiene como base elementos como: comentarios generales y recomendaciones emitidas por el Comité; Las observaciones correspondientes a los Informes presentados por los Estados parte; y Las resoluciones sobre casos individuales presentados ante los mecanismos de queja.

Las Recomendaciones generales las emiten los Comités con el objetivo de aclarar los derechos contemplados en los Tratados internacionales y ayudar a los gobiernos a cumplir con su obligación.

En el caso de los derechos sexuales y derechos reproductivos, el Comité CEDAW tiene recomendaciones generales sobre Violencia en contra de la mujer (1992) donde se establece que: la violencia tiene relación con los distintos derechos contemplados en la Convención. Que la violencia pone en peligro la vida y la salud de las mujeres. Así, establece recomendaciones a los Estados, como: impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción; y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales.

Recomendaciones sobre el tema, emitidas por otros Comités

De igual forma, se emiten recomendaciones sobre el tema, hechas por otros Comités como: El Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité de los Derechos del Niño y de la Niña que establecen obligaciones de los Estados en cuanto al respeto, protección y cumplimiento de los Derechos sexuales y de los Derechos reproductivos.

En el caso de recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el tema de Derechos Reproductivos. El Comité́ expresa su preocupación por la vigencia de disposiciones del Código Penal que criminaliza el aborto en todas sus formas, dada la circunstancia de que los abortos ilegales tienen consecuencias negativas graves para la vida, la salud y el bienestar de la mujer.

El Comité́ continua preocupado por el hecho que mujeres que acuden a hospitales públicos y que han sido relacionadas por el personal médico con abortos hayan sido denunciadas por dicho personal ante las autoridades judiciales; que se hayan abierto procesos judiciales contra algunas mujeres y que en algunos de estos procesos se hayan impuesto penas graves por el delito de aborto e incluso por el delito de homicidio, haciendo los jueces una interpretación extensiva de este delito.

Aun cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ha decidido que en el caso de que exista un estado de necesidad imperioso la mujer que enfrenta un proceso penal por aborto puede quedar exculpada de responsabilidad penal, le preocupa al Comité que este precedente judicial no haya sido seguido por otros jueces ni tenido como consecuencia el termino de los procesos penales abiertos contra mujeres por el delito de aborto. (art.3, 6)

El Comité reitera su recomendación en el sentido que el Estado parte revise su legislación sobre aborto para hacerla compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el personal medico o administrativo por el delito de aborto. Asimismo, en tanto no se revise la legislación en vigor, el Estado parte debe suspender la incriminación en contra de las mujeres por el delito de aborto. El Estado parte debe iniciar un dialogo nacional sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

De igual forma, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, exhorta al Estado parte a que reforme legislación sobre el aborto, y considere excepciones a la prohibición general del aborto en los casos de aborto terapéutico y embarazos por violación o incesto.

Así mismo, lo exhorta encarecidamente a que tome las medidas necesarias para combatir el VIH-SIDA y a que garantice un tratamiento médico adecuado para quienes padecen de esta enfermedad. Le recomienda que en los programas escolares los temas de educación sexual y de métodos de planificación familiar sean abordados abiertamente de tal manera que divulguen la información sobre los embarazos precoces y la transmisión del VIH-SIDA.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomienda especial atención sobre programas de educación sexual, en particular entre adolescentes, incluyendo lo referente a los métodos anticonceptivos y su disponibilidad en la sociedad en su conjunto, con hincapié en la prevención y lucha contra enfermedades de transmisión sexual y el VIH-SIDA.

El Comité también observa con satisfacción el número de políticas, programas y servicios de salud del Estado parte, sin embargo, está preocupado por que los grupos vulnerables de mujeres en particular en zonas rurales, todavía tienen dificultades para acceder a los servicios de salud. De igual forma, el Comité está alarmado por la alta incidencia de alumbramientos entre las adolescentes, así como por el elevado número de abortos ilegales, incluso entre mujeres jóvenes, que tienen consecuencias negativas en la salud física y mental de las mujeres.

El Comité señala y recomienda que se investigue ampliamente las necesidades concretas de salud de las mujeres, incluida la salud reproductiva. Recomienda también el fortalecimiento financiero y organizativo de los programas de planificación familiar destinados a las mujeres y los hombres y la facilitación de un acceso amplio a los anticonceptivos por todas las mujeres y hombres, incluidos los y las adolescentes y adultos/as jóvenes.

El Comité insta al Estado parte a que refuerce los programas de educación sexual para las niñas y los niños con el fin de fomentar los programas de educación sexual responsable. De igual forma, pide al Estado parte, que incluya información en su próximo informe sobre los fallecimientos y/o las enfermedades causados por los abortos ilegales o relacionados con esa práctica. El Comité insta al Estado a facilitar un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, incluyendo las consecuencias de las leyes restrictivas del aborto.

Por su parte el Comité de los derechos del niño recomienda al Estado que intensifique la educación sexual y la enseñanza de la salud reproductiva en especial en la escuela, para reducir las Infecciones de Transmisión Sexual, ITS, y el embarazo en la adolescencia y que preste la asistencia correspondiente a las adolescentes embarazadas y les de acceso a la atención en salud y la educación.

De igual forma, este Comité reitera la inquietud ya expresada anteriormente cuando examinó el segundo informe periódico del Estado parte, por el elevado número de embarazos de adolescentes y por la falta de resultados de las medidas preventivas adoptadas por el Estado parte a ese respecto. Preocupa también a Comité que en la legislación penal vigente se criminalice el aborto en todas las circunstancias y que esa prohibición absoluta pueda llevar a las jóvenes a recurrir a métodos de aborto peligrosos y clandestinos, a veces fatales.

La salud es un derecho de todos los seres humanos. De igual forma los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Ante estas observaciones y recomendaciones hechas por los diferentes Comités, no se puede negar que el Estado salvadoreño ha tomado algunas medidas para atender estas recomendaciones, de hecho se puede mencionar que desde mayo de 2011 se cuenta con una Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, y desde enero de este año 2012 con una Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer principalmente en el tema de salud sexual y reproductiva, por lo que se insta al Estado a cumplir con las recomendaciones hechas por los Comités y principalmente el compromiso con las mujeres al derecho a la salud de forma integral.


Bibliografía:

- Guirola, Yolanda. Estudio y análisis sobre la legislación nacional e internacional en salud, derechos sexuales y derechos reproductivos.

- Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva. El Salvador, mayo 2007.

- Jurisprudencia sobre derechos humanos de las mujeres, El Salvador. CLADEM 2010.

- Guirola, Yolanda. Compromisos internacionales suscritos por El Salvador y su vinculación con los derechos sexuales y derechos reproductivos. Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva. El Salvador, 2011.

- Observaciones y Recomendaciones de organismos internacionales al Estado Salvadoreño en materia de Derechos Reproductivos de las Mujeres. Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Diciembre de 2011.

- Jurisprudencia sobre derechos humanos de las mujeres. CLADEM El Salvador, agosto de 2007.

- Curso Certificado: Incidencia periodística en los derechos sexuales y reproductivos. Marzo de 2011.


Nota

* Patricia Portillo es Licenciada en Periodismo y del área de Comunicaciones de ORMUSA y obtuvo el segundo lugar con este ensayo presentado durante el curso “Incidencia Periodística en Salud Sexual y reproductiva”, desarrollado por el Centro de Estudios de Género de la UES.

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