Tema del mes

A propósito del cierre de unidades que trabajan por mujeres

Maestra Fidelina Martínez Castro

Fundadora del Centro de Estudios de Género de la UES

Docente investigadora de la Universidad de El Salvador

 


Por diferentes medios de comunicación nos enteramos que, algunos gobiernos municipales han cerrado oficinas que con mucho esfuerzo del movimiento de mujeres, se habían logrado abrir, equipar, y mantener en los gobiernos municipales de Mejicanos y Ayutuxtepeque.

 

Evidentemente dichas decisiones son un retroceso para el desarrollo general de toda la sociedad salvadoreña, y en particular para los municipios donde se atropella el cumplimiento de medidas de igualdad para las mujeres en sus diversas prácticas ciudadanas; dichos espacios son importantes para implementar y monitorear la “Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres” que sustenta la creación de espacios de desarrollo para las mujeres por ejemplo, el art. 4 que refiere a: “Los alcances de la ley”, en el numeral 4 dice: “Eliminación de los obstáculos al desempeño e intervención de las mujeres en todas las aéreas del quehacer colectivo e individual y a la creación de condiciones que faciliten, propicien y promuevan la participación igualitaria de las mujeres y hombres en el pleno ejercicio de todos sus derechos”.


Así mismo la misma ley establece en los arts. 11 cuando habla de “De la coordinación de las instituciones del Estado” en el literal e) que a la letra dice: “Gestionar y proporcionar apoyo técnico para el establecimiento de Unidades de Género en las diferentes instituciones del Estado, para el logro de un funcionamiento coordinado en relación al cumplimiento de la presente ley.” y 12 que regula la “Formulación y evaluación de los Planes de Igualdad y Erradicación de la Discriminación” que explicita en el inciso 2do. y 3ro. “Los gobiernos locales deberán elaborar sus propios planes de igualdad dentro del marco de los lineamientos y objetivos del plan nacional y en coherencia con el desarrollo que se espera de ellos, de acuerdo con sus capacidades y autonomía.”; “El gobierno central y los gobiernos locales garantizarán la ejecución de los respectivos planes de igualdad, mediante la asignación de los recursos financieros y administrativos necesarios.”


El mismo Código Municipal en el Titulo III denominado “De la Competencia Municipal y la Asociatividad de los Municipios” en el Cap. Único “De la competencia municipal”, Art. 4 “Compete a los Municipios” numeral 29 “Promoción y desarrollo de programas y actividades destinadas a fortalecer la equidad de género”.


Todas estas regulaciones evidencian que el marco jurídico nacional en concordancia con convenciones internacionales como la “Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer” CEDAW, aprobada en 1981, manda que los gobiernos central y municipales implementen un trabajo que en la medida de lo posible permitan erradicar la inequidad de genero.


Lamentablemente en una connotación errática de lo que es política, las personas de los diversos partidos políticos en nuestro país, cuando asumen sus funciones, sobre todo si los y las funcionarias que le precedieron no son de su mismo partido, hacen caso omiso del trabajo anteriormente realizado no se molestan en evaluar si lo que se ha hecho es importante para la mejor conducción de la sociedad y/o para hacer avanzar el desarrollo de la comunidad; generalmente sus primeras acciones son cerrar, apartar y en el mejor de los casos marginar programas, proyectos, oficinas y diversas acciones que, por no ser su iniciativa o de sus partidos, simplemente las quitan sin tener en consideración el perjuicio que causan por sus prejuicios partidarios.


La verdadera democracia requiere de alternancia en el poder, ello indudablemente es una garantía para no enquistar grupos que la permanencia les facilite institucionalizar practicas ajenas a toda ética, que les permita el reparto de prebendas, fondos y recursos públicos; pero hay que entender que la alternancia no quiere decir que cada persona o equipo que llegue al poder tiene que empezar de cero sin reconocer el buen trabajo de otras y otros que, poco o mucho, han adelantado en la resolución de problemas nacionales, como es el caso de las oficinas de las mujeres que con mucho esfuerzo han venido trabajando desde sus alcaldías, programas de igualdad para fortalecer la equidad de género. Es el caso de las Unidades que por ignorancia, misoginia, y/o afán de protagonismo personal o partidario han quitado en Mejicanos y Ayutuxtepeque.


Desde este tipo de actuaciones que actualmente es común en todos los partidos políticos, nuestro país no avanza, se malgastan los escasos fondos públicos y no hay acumulación de prácticas, saberes y experiencias que son patrimonio humano de conocimiento, y siempre estamos recorriendo el mismo tramo.


En el caso de las mujeres la situación es mas grave por que es un retroceso que pone en evidencia el nulo interés que tienen esta municipalidades por respetar la legalidad y legitimidad que tienen las mujeres de trabajar por sus Derechos Humanos.


Seria de beneficio social que funcionarias y funcionarios respetaran el trabajo de la ciudadanía, respetaran sus aciertos y en lugar de erradicarlos los potenciaran para dar cumplimiento a un buen ejercicio del poder que debe tener como objetivo el beneficio colectivo y no el interés personal y/o de grupo.


Seria una necesaria acción política blindar mediante ley las oficinas que implementan actividades en beneficio de las mujeres dado que seria un paso para lograr el 3er objetivo del milenio que dice: “Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer” y sobre todo, lo más importante, respetar la indudable calidad humana de las mujeres.


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