En febrero de 2008, Manuela, una mujer de una comunidad rural de El Salvador, sufrió una complicación obstétrica, se violó su derecho de confidencialidad y fue condenada injustamente a 30 años de cárcel. Dos años después, falleció por un cáncer linfático que no fue atendido de manera oportuna y adecuada.
Texto y fotografía: Cristina Argueta
A 3 años de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso Manuela y otros vs El Salvador, el Estado aún no ha cumplido en su totalidad, las medidas de reparación y preventivas para evitar casos similares al de Manuela.
Por ello, el pasado 5 de diciembre de 2024, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en colaboración con Colectiva Feminista y el Centro de Derechos Reproductivos, anunciaron el Observatorio Manuela. Un espacio virtual donde puede consultarse desde los recursos legales del caso, hasta el estado general de cumplimiento de las medidas de reparación relatadas en la sentencia.
Actualmente, de las cuatro medidas de satisfacción del caso, solo tres de ellas han sido parcialmente cumplidas, y de las siete garantías de no repetición, solo tres han sido cumplidas de manera parcial. Entre las que aún no se cumplen, se encuentra la realización de un acto público donde el Estado reconozca su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de Manuela.
Las representantes de la Agrupación Ciudadana resaltan su preocupación por la falta de cumplimientos de las medidas y garantías establecidas en la sentencia, especialmente por la agenda que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, está promoviendo en los espacios sociales y educativos.
“Los ultra conservadurismos son una respuesta a todos los avances, también en materia de derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos que los movimientos —sobre todo el movimiento feminista— ha logrado a lo largo de todos estos años”, dijo Alejandra Burgos, teóloga, activista feminista de Agrupación Ciudadana.
En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al Estado salvadoreño la despenalización del aborto en todas sus formas, pero sigue sin tomarse en cuenta. Durante el régimen de excepción, ha aumentado el número de mujeres condenadas por complicaciones obstétricas. El caso de Dina Hernández es uno de los más destacados, quien fue injustamente acusada y condenada por agrupaciones ilícitas con 8 meses de embarazo. Poco después, su hijo murió bajo custodia del Estado. Actualmente se encuentra emitida su orden de liberación, pero no se ha hecho efectiva.
Para Virginia Lemus, filósofa e investigadora en derechos humanos, para avanzar en materia de Salud Sexual Integral en el país, es importante actualizar el currículo educativo público, que datan desde el 2004, así como el tipo de atención y trato que se da a todas las personas en el Sistema de Salud Público.
En los últimos 40 años, la Universidad de El Salvador ha trabajado por crear espacios de aprendizaje en favor de la igualdad, entre sus logros se destaca la implementación en 2019, de la primera Maestría a nivel nacional en Estudios de Género, a través de la cual diferentes profesionales, de diversas áreas, tienen la oportunidad de formarse en estudios de género y derechos humanos de las mujeres.
En el observatorio Manuela, se prevé que también albergue los dictámenes de la sentencia del caso Beatriz, que aún está en espera. Para acceder al Observatorio Manuela ingrese al link: https://www.observatoriomanuela.com/home-manuela/
