Diputadas y Diputados de El Salvador tienen la responsabilidad de legislar por la salud y vida de las mujeres

Redacción: Roselia Núñez

¿Qué pasa con la justicia hacia las mujeres de El Salvador? A las mujeres que tienen problemas obstétricos las acusan de homicidio agravado y las encarcelan 30 años, incluso hay una petición de ARENA para que la pena se aumente a 50 años. Mientras que el delito por violación a una menor de edad, es de 14 a 20 años porque así está regulado en el Código Penal salvadoreño.

Fotografía tomada de Internet

El 11 de octubre de 2016, la diputada por el FMLN Lorena Peña y entonces Presidenta de la Asamblea Legislativa presentó a ese órgano de Estado una propuesta de Reforma al artículo 133-A del Código Penal que permita a las mujeres y niñas la interrupción del embarazo cuando ponga en riesgo su salud, vida e integridad; cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, estupro o trata de personas; o en casos donde la vida extrauterina del feto sea inviable.

En todos los casos, si la mujer gestante así lo decide. Llama la atención que durante los dos o tres primeros días de realizada esta petición, los medios de comunicación inundaron los espacios con titulares como “despenalización del aborto en El Salvador”; “la Presidenta del Congreso busca despenalizar el aborto en El Salvador”, entre otros, sin profundizar que con esta reforma se busca el respeto a los Derechos Humanos, a la vida y a la salud de las mujeres y niñas embarazadas.

Sin ahondar también en datos alarmantes como el registro de la Fiscalía General de la República que entre 2010 y 2015 obtuvo 7 mil 218 víctimas de violación sexual y que 9 de cada 10 casos eran niñas, obviando además el hecho de que el tema es un problema de salud pública al que debe dársele prioridad debido a que el Código Penal actual no presenta posibilidades de salvar la vida de las mujeres cuando está en riesgo su salud y su vida por un embarazo y se vulnera claramente su derecho a elegir plenamente sobre su vida cuando el embarazo es por una violación afectándoles no solo físicamente, sino emocional, sicológica y económicamente, sobre todo a las mujeres más pobres de El Salvador.

Llama la atención, que si bien la violación de mujeres, adolescentes y niñas es perseguida y penada por la legislación salvadoreña, solo el 54.14 % de los casos denunciados son judicializados y únicamente el 8.1 % terminan en condena”.

El Observatorio de Violencia de ORMUSA de enero al 15 de octubre de 2016 la Policía Nacional Civil registró alrededor de 2,806 denuncias por delitos sexuales como estupro, violación y violación en menor e incapaz y donde el delito más denunciado fue el de violación en menor e incapaz, con 1,542 denuncias, equivalente al 55%, curiosamente a este dato no se le da la cobertura ni condena mediática, como se hace en casos de mujeres que “supuestamente han abortado”.

En agosto de 2016, los medios de comunicación dieron la noticia de que “una alumna que tenía siete meses de embarazo abortó en la institución educativa”, y así se manejó sin esperar una constancia médica que dijera realmente lo que había sucedido.

De hecho, fueron muchos los medios que dieron esta noticia, ignorando que no se trataba de un aborto y minimizando la responsabilidad del hombre, un pastor evangélico responsable de embarazar a esta joven de 17 años de edad, lo cual se vuelve un delito, nuevamente, de acuerdo a nuestra legislación salvadoreña. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio de Salud (MINSAL), en 2015 cada 21 minutos hubo un embarazo de niña o adolescente en El Salvador.

A estos datos, los medios de comunicación no le dieron mayor énfasis, pero si al caso de la bachiller del instituto de Santa Tecla, hecho que se estuvo a nivel mediático por 5 días y más, no así a la resolución del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla que al final de toda la condena mediática y social dio por resultado, un mes y medio después que la joven no abortó, sino que “la bebé nació muerta y que no tenía cerebro”.

Es decir, un parto extra hospitalario prematuro anencéfalo. Y con esa resolución los medios de comunicación terminaron con la persecución a esta joven, sin darle el derecho a respuesta…. No pensaron en el daño moral, psicológico y emocional que a ella le trajo en primera instancia el sobrellevar un embarazo, y en segunda instancia el señalamiento de la gente que con su doble moral la critican a ella “por embarazarse y por supuestamente abortar”, no hubo seguimiento al padre de la niña, no hubo persecución para este hombre que estando casado con la hermana de la joven la sedujo o la violó, sin moral y respeto hacia su esposa. Eso no se cuestiona, ni socialmente y tampoco en los medios de comunicación, sólo se culpa a ella y se condena como si fuera la única responsable de la relación y de las consecuencias de la misma.

Cuando se habla de aborto, un tema tabú aún, se vienen argumentos basa- dos en la moralidad y la religiosidad que coloca en desventaja a las mujeres. El 11 de julio de 2016, el Diputado Velásquez Parker y otros diputados y diputadas del partido ARENA presentaron una iniciativa que busca reformar artículos (133, 139, 373 y 374) del Código Penal para elevar las penas por aborto consentido y propio que estos momentos es de 2 a 8 años, a una pena de 30 a 50 años para las mujeres.

Para el Movimiento por una Cultura Laica y otras organizaciones sociales, esta propuesta de ARENA “es violatoria de los principios de igualdad, ya que únicamente las mujeres son afectadas por esta condición humana de riesgo por embarazo y aquellas mujeres con condiciones económicas precarias son más vulnerables a la influencia de factores que pueden provocar complicaciones en el embarazo como es el no tener acceso a una educación de calidad y en un nivel adecuado, a no tener acceso a vivienda digna que le asegure un entorno saludable, a no tener acceso a una condición alimentaria que le permita llevar un embarazo saludable, a estar expuesta a la violencia machista y otros factores que pueden provocar una condición de abortos espontáneos que no son delito sino una condición de enfermedad y es de total crueldad privarlas de libertad como ya se ha demostrado que se ha realizado con muchas mujeres”, como ejemplo las 17 mujeres injustamente encarceladas y condenadas en el país con penas hasta de 40 años de cárcel, debido a complicaciones obstétricas, y por quienes la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador inició una campaña denominada “Una flor por las 17… no dejemos que sus vidas se marchiten”, la cual dio inicio con una petición a la Asamblea Legislativa de otorgar “el indulto a las 17 mujeres condenadas en circunstancias sumamente injustas”…

La Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador, realizó entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011 una investigación en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia del país y analizó los expedientes de mujeres que al sufrir emergencias obstétricas fueron acusadas y procesadas por aborto o delitos conexos, identificando que 129 mujeres habían sido procesadas por aborto u homicidio agrava- do. De ellas 49 habían sido condenadas, 13 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados.

La penalización absoluta del aborto entró vigencia en 1998, posterior a la reforma del Código Penal salvadoreño en 1997. Anteriormente en El Salvador, cualquier mujer cuya vida corriera riesgo de muerte por llevar a término un embarazo, tenía la opción de salvar su vida, si ésta así lo deseaba en casos de violación o estupro (Ético), en caso que la vida de las mujeres se encuentre en riesgo, (Terapéutico), y por casos graves de malformaciones en el feto (Eugenésico). Este tema, a todas luces pareciera ser que se ha venido viendo de manera indiferente, obviando que toda mujer en estado de embarazo puede pasar por un problema obstétrico, ¿qué pasaría, si una mujer de su grupo familiar estuviera en peligro de muerte por un embarazo?.

En los medios de comunicación dieron una vasta cobertura a la muerte de la cantante Isis Gallardo, quien murió por complicaciones en su embarazo, de lo cual poco se dijo. Las notas eran orientadas a decir que fue un accidente cerebrovascular, sin especificar las razones que llevaron a dicho estado y que provocó la muerte de ella y su bebé con seis meses de gestación. La propuesta de reformar el artículo 133 del Código Penal incluye “el aborto realizado con el propósito de salvar la vida de la mujer gestante y preservar su salud, previo dictamen médico y con el consentimiento de la mujer”.

Para el movimiento por una Cultura Laica, “si bien se han dado importantes avances en la disminución de la mortalidad materna en nuestro país, existe un estancamiento y últimamente incremento en las muertes maternas por causas indirectas, producto de que el personal médico no puede proponer a la mujer que enfrenta un embarazo de alto riesgo la posibilidad de su interrupción para prevenir el riesgo de muerte o daños graves en su salud. Ante embarazos ectópicos, cardiopatías graves, cáncer y otras situaciones, la interrupción del embarazo es una opción que se debe de considerar, para que la mujer gestante tome una decisión libre e informada, tal como ocurre en el 97 % de países del mundo”.

La Comisión Nacional de Bioética de El Salvador quien recibió de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa dichas propuestas para que dieran su punto de vista sobre las mismas, considera que la propuesta de la diputada Lorena Peña es la más apegada al respeto de los derechos humanos de las mujeres, ya que ha tomado en consideración “el respeto a los Derechos Humanos a la vida y a la salud de las mujeres embarazadas, los cuales son intrínsecos, universales, prioritarios o absolutos, individualizados y no agregativos”.

Esta comisión expone además, que “La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, reconocen y promueven el respeto a los principios de Igualdad, Justicia y Equidad para las mujeres embarazadas, que la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos establece en su enunciado: “Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos, de tal modo que sean tratados con justicia y equidad”.

Y agrega además, que “la ley LEPINA considera el Principio de Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal, vulnerada en hechos de violencia sexual de los cuales sean víctimas y “que para velar por los derechos de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y en condiciones que permitan su pleno desarrollo humano, no deben tener que enfrentar embarazos impuestos que pongan en riesgo su vida y salud y representen un obstáculo para su desarrollo pleno”. Uno de los factores importantes para sensibilizar a la sociedad, así como a quienes toman decisión, es el papel de los medios de comunicación, que como entes socializadores deben ser más responsables a la hora de informar sobre estos temas.

En primera instancia llamar al tema por su nombre, interrupción del embarazo en cuatro causales, y en segunda instancia es importante también, dar a conocer todos los puntos de vista, no sólo de los grupos fundamentalistas o religiosos, sino también el respaldo de entidades internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que en un comunicado de prensa de fecha 3 de marzo de 2017 “recomendó al Estado aprobar las reformas…”, o como la postura de Catalina Martínez Coral, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, quien ha sido enfática al declarar que “la hostilidad extrema hacia el aborto en El Salvador pone en peligro la salud y la vida de las mujeres”.

La propuesta de Reforma al artículo 133-A se encuentra en la Comisión de Legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa, que a su vez abrió en febrero de este año, un espacio de consulta, donde recibieron 17 organizaciones, de las cuales 15 apoyan la reforma porque consideran que es una oportunidad de decir al mundo que El Salvador defiende la vida y legisla a favor que todas las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. De no aprobarse dicha reforma, El Salvador seguirá formando parte del 3 por ciento de los países del mundo que criminalizan y violentan la salud y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres.

El 24 de abril de este año 2017, la Alianza por la vida y la Salud de las Mujeres integrada por varias organizaciones feministas organizó una Tribuna Territorial frente a Asamblea Legislativa, y entregaron en las Oficinas Departamentales de dicho órgano de gobierno 458 cartas provenientes de los 14 departamentos del país respaldando la aprobación de la Reforma al artículo 133-A del Código Penal.

“En el ejercicio de nuestra ciudadanía activa estamos vigilantes del cumplimiento del mandato que como Asamblea Legislativa tienen de legislar a favor de la población salvadoreña y sobre todo de tomar medidas que garanticen el derecho a una vida libre de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador”, reafirmaron las organizaciones feministas durante la tribuna territorial. En ese sentido, organizaciones nacionales e internacionales reiteran el llamado a diputadas y diputados salvadoreños para que legislen a favor de la salud y vida de niñas y mujeres.

Universidad es reflejo del país en Violencia de Género

Por: Roselia Núñez

Con el fin de brindar un aporte para el logro de la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de propuestas que fomenten una cultura de igualdad y respeto en la UES, la Red de Investigadoras en Diferenciales de Género del alma mater, con el apoyo del Centro de Estudios de Género desarrollaron la investigación “La Universidad de El Salvador como espacio de reproducción de la Violencia de Género»

Las investigaciones relacionadas con la violencia hacia las mujeres en el ámbito académico, se realizan desde hace años en países desarrollados, las que han permitido evidenciar que la violencia de género nace y se aprende en la sociedad, desde la infancia misma y se replica a lo largo de la vida, siendo las mujeres las más violentadas.

En ese sentido, es prioritario el abordaje de estos temas que trascienden y se reafirmar en muchos espacios como por ejemplo a través de la música, programas juveniles de televisión tanto nacional como internacional, las telenovelas, películas, programas infantiles, en las iglesias, en escuelas y colegios, es decir en todos los niveles de la sociedad las mujeres sufren de cualquier tipo y expresión de violencia.

De hecho, no es casual que a la fecha en El Salvador, haya más de 227 feminicidios (enero a julio de 2018, según datos de la PNC), sin que existan medidas concretas o efectivas encaminadas a erradicar este grave problema. De acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) quien presentó la Encuesta Nacional de Violencia Contra la Mujer 2017, 67 de cada 100 mujeres reportaron haber sido agredidas alguna vez durante su vida. De estas, 34 fueron agredidas en los doce meses previos a la encuesta.

Asimismo, los datos de la DIGESTYC indican también que el ámbito donde se presenta mayor prevalencia de violencia contra la mujer es el público, principalmente la comunidad, seguido del ámbito educativo y laboral. Mientras que la prevalencia de violencia en el hogar es mayor cuando la mujer inicia una unión conyugal o relación de pareja, inicia la primera relación sexual o tiene su primer embarazo antes de los 15 años.

En la investigación se analizaron los tipos y expresiones de violencia de género que se reproducen dentro del campus, así como los espacios y agentes reproductores de la violencia; al igual; que las causas que contribuyen a la reproducción, los resultados permitirán “delinear una propuesta para el abordaje de la problemática de violencia dentro del alma mater, una institución que de acuerdo a la investigación, no escapa a los sistemas heteropatriarcales y machistas”, dice la coordinadora de la investigación, maestra Ángela Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES.

La consulta universitaria fue realizada a mujeres y hombres docentes, estudiantes, organizaciones estudiantiles, sindicatos, jefaturas y autoridades universitarias del campus central y Facultad Multidisciplinaria de Oriente, entre febrero y abril de 2018, se encuestó a 655 personas con un error muestral del 3.0% y un nivel de confianza del 98%. Para lograr un mayor contraste de la información se realizaron entrevistas, talleres y grupos focales con representantes de todos los sectores de la comunidad universitaria.

Los resultados arrojaron que en la UES se reproducen los siete tipos de violencia que contempla la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), pero, las más frecuentes son la violencia psicológica y emocional con un 65.75% y la sexual en un 15.53%, además se encontró que son las mujeres con un 64.82% las que sufren más violencia de género en el recinto universitario; seguidas por la población LGBTI en un 34.66% y por los hombres en 18.52%.

A nivel de país los datos de la encuesta de la DIGESTYC arrojaron que en el caso de la violencia psicológica 5 de cada 10 mujeres la ha tenido en algún momento a lo largo de su vida y 2 de cada 10 en los últimos 12 meses, también arrojaron que en relación a la violencia sexual, 4 de cada 10 mujeres manifiesta haberla experimentado a lo largo de su vida, y solo 1 de cada 10 mujeres durante los últimos 12 meses. De ahí que si contrastamos los datos, Universidad y país, evidenciamos que la Universidad es solo una muestra de lo que la sociedad y el país representa en el tema de violencia.

Los espacios donde mayormente se reproduce la violencia en la UES, son las aulas 41.69%, cubículos 14.58% y oficinas un 10.02%, lo que contrasta con los datos que la DIGESTYC presentó a nivel nacional, en cuanto a la violencia que sufren las mujeres en sus hogares y en los espacios laborales y educativos.

Sobre las causas generadoras de la reproducción de la violencia de género, las personas consultadas dicen que se debe a las relaciones existentes de poder; aunado al desconocimiento de derechos por parte de la comunidad universitaria, el miedo, entre otras, otras condiciones que contribuyen a la reproducción de la violencia “son la indiferencia de la comunidad universitaria, los espacios solitarios y el desempeño de la seguridad del personal universitario, como los más determinantes”.

Formalmente en la Universidad se cuenta con marcos normativos a favor de las mujeres, como son la Política de Equidad de Género, el Primer Plan de Igualdad de Género y el Reglamento Disciplinario. Este último en su artículo 11 literal “p”, contempla como infracción grave la figura del acoso sexual, entendido como “las conductas inequívocas tendientes a obtener una relación sexual, manifestada en acechos o tocamientos rechazados por la otra persona, o promesas de promoción de una asignatura, o la obtención de un beneficio académico o administrativo a cambio de la concesión de un favor sexual…”, sin embargo no se encuentran tipificadas todas las expresiones de violencia que define la LEIV,

Los resultados de la investigación revelan que “pese a la vigencia de un marco normativo nacional y al interior de la UES sobre los derechos de las mujeres, a nivel de la comunidad universitaria no se tiene mayor conocimiento de las mismas, tampoco de las instancias internas responsables de la implementación de la legislación, así como del procedimiento a seguir para interponer una denuncia”.

Bajo estas premisas, se evidencia que hay retos importantes que deben superarse para mejorar esta situación de violencia de género y que son claves para ir erradicándola, comenzado por homologar toda la legislación universitaria con las leyes nacionales; crear unidades especializadas para la atención de violencia de género dentro de la UES en todos sus campus; así como crear campañas de difusión sobre los derechos de la población estudiantil y para dar a conocer las instancias encargadas de atender denuncias, concluyen las investigadoras.

Al mismo tiempo es preciso sensibilizar y capacitar a todo al personal encargado de atender las denuncias dentro de la UES, como Asamblea General Universitaria, Consejo Superior Universitario; Defensoría de los Derechos Universitarios, Rectoría, Juntas Directivas, Fiscalía, entre otras instancias.

Impulsar estas y otras acciones dicen las investigadoras de la Red de la UES, “permitirá que la Universidad se encamine a generar un ambiente propicio para el desarrollo de toda su comunidad, dando muestras de que una sociedad más justa e igualitaria es posible”.

La investigación fue realizada por un equipo de investigadoras representantes de las Facultades de Derecho, Facultad Multidisciplinaria de Oriente, Ciencias Económicas y el Centro de Estudios de Género en el marco de la “Red de Investigación en Diferenciales de Género en la Educación Superior Iberoamericana”, a la que se sumó la Universidad de El Salvador en 2017.

El sexismo en los medios de comunicación es violencia hacia las mujeres

Por. Roselia Núñez

Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión, es uno de los objetivos acordados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, desarrollada en Beijing, China en 1995.

Para este objetivo planteado en dicha conferencia, es importante que los gobiernos y las organizaciones internacionales adopten medidas encaminadas a fomentar la investigación y la aplicación de una estrategia de información, educación y comunicación orientada a estimular la presentación de una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes y de las múltiples funciones que ellas desempeñan.

Así también, a fomentar una capacitación que tenga en cuenta los aspectos relacionados con el género para el sector profesional de los medios de difusión, incluidos “los propietarios y los administradores, a fin de alentar la creación y la utilización de imágenes no estereotipadas, equilibradas y diferenciadas de la mujer en los medios de difusión”, se lee en el documento.

Otras de las medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales, siempre y cuando no atenten contra la libertad de expresión, es alentar a los medios de difusión a que se abstengan de presentar a la mujer como un ser inferior y de explotarla como objeto sexual y bien de consumo, en lugar de presentarla como un ser humano creativo, agente principal, contribuyente y beneficiaria del proceso de desarrollo.

Pero qué avances han habido desde 1995 hasta la fecha. Si revisamos los medios de comunicación nacionales tanto escritos como televisivos y radiales no ha habido muchos cambios. Una de las formas más discriminatorias e irrespetuosas hacia las mujeres se da a través del sexismo.

El sexismo como violencia hacia las mujeres

En el tema del sexismo una de las formas más evidentes es la falta de lenguaje incluyente, aunado al uso de la imagen de la mujer como objeto de placer sexual. Basta con ver los anuncios de publicidad donde se ve a una mujer con poca ropa ofreciendo artículos como llantas, automóviles, licor, baterías para autos, teléfonos móviles, entre otros.

Para Vilma Vaquerano, Coordinadora del Área de Comunicaciones de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), el uso de la imagen de la mujer en la publicidad sexista forma parte de las manifestaciones de violencia, ya que “reproduce paradigmas discriminatorios contra las mujeres, lo cual debería ser censurada socialmente como lo son los delitos y las agresiones sexuales”.

En el tema del tratamiento de la imagen de la mujer no podemos dejar de lado el uso del binomio mujer-madre de familia, “porque se ha comprobado que una de las causas de violencia en el hogar o que limita las posibilidades de superación de las mujeres es el trabajo reproductivo”.

Para Vaquerano, es lamentable ver cómo un anuncio de un suavizante presenta a una mujer esclavizada del trabajo reproductivo, mientras que el papá y el niño se preparan para ir a jugar. Ante eso, la mujer se queda en una situación de tristeza, pero aparece el suavizante que la va a “liberar” de esa responsabilidad que por años ha recaído en ella, cuando sabemos que tiene que ser un acuerdo entre los miembros de la familia.

En ese sentido es de cambiar la forma de hacer publicidad, ya que por medio de anuncios como ese, presentan un mensaje equivocado de cuál es la solución a esta problemática, ya que entonces se dejan de lado las responsabilidades de los miembros masculinos en el hogar, obviando que debe haber una corresponsabilidad en las tareas de la casa.

No es cierto que la mujer nació para ser madre y hacerse cargo de lavar, planchar, hacer la comida, la limpieza del hogar, etc. Tampoco es cierto que el hombre no esté apto para hacer esas cosas, lo que sucede es que el sistema patriarcal se ha encargado de hacer ver que todo eso es natural.

Como lo apunta Ana Jorge Alonso en su libro “Mujeres en los medios, mujeres de los medios”, ha habido una lenta transformación de las imágenes que la sociedad proyecta de las mujeres. Mucha más lenta si lo comparamos con las transformaciones socioeconómicas y tecnológicas sufridas por la sociedad occidental durante los siglos XIX y XX”, agrega.

Y lo mismo puede decirse de los medios de comunicación, los cuales no han avanzado conforme a la realidad y la imagen que las mujeres tienen de sí mismas, al margen de las imágenes construidas por los hombres.

Los medios de comunicación como formadores y educadores

En el tema que nos ocupa está la responsabilidad social de los medios de comunicación, ya que como parte de su función formativa y educativa deberían adoptar formas de lenguaje ya sea escrito o televisivo respetuosos de la imagen de las mujeres y no discriminatorio contra las mujeres, recalca Vaquerano.

De acuerdo a ella, las agencias de publicidad deben tomar conciencia que una forma de discriminación contra las mujeres es el uso de la imagen de ellas como objeto sexual. En ese sentido, los medios de comunicación deben estar conscientes que tienen una responsabilidad de modificar las formas de uso de la imagen de las mujeres, así como progresar de un lenguaje sexista a un lenguaje incluyente.

Tomando en cuenta que los medios de comunicación son un espejo de la sociedad y todos estos factores culturales que tenemos en nuestra cabeza y lenguaje se traducen a la palabra escrita, “el llamado es a que periodistas mujeres y hombres comencemos desde nuestros escritos, dando el primer paso en construir un lenguaje más equitativo para las mujeres”.

Un llamado desde la academia a la Dirección General de Espectáculos Públicos del Ministerio de Gobernación de El Salvador, a tener una función más protagónica en el tema, ya que la emisión diaria en televisión contiene programas y publicidad donde prima el sexismo y la denigración de la imagen contra la niñez, la juventud y la mujer.

En la Plataforma de Acción, aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, celebrada en 1995 se sostiene entre otras cosas, que lo gobiernos y las organizaciones internacionales en la medida en que no atenten contra la libertad de expresión, deben “fomentar la idea de que los estereotipos sexistas que se presentan en los medios de difusión son discriminatorios para la mujer, degradantes y ofensivos, así como adoptar medidas efectivas, que incluyan normas legislativas pertinentes, contra la pornografía y la proyección de programas en los que se muestren escenas de violencia contra mujeres, niñas y niños en los medios de difusión.

Aún cuando el tema del sexismo y la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación es bastante complejo, sí pueden hacerse cambios. Una forma es comenzando a modificar la forma de escribir, a través del lenguaje inclusivo.

A juicio de Vaquerano, la mayor responsabilidad cae en editoras y editores, pero sobre todo en las y los propietarios de los medios de comunicación. Así también en el personal de campo que escribe a diario, “sabemos que muchas veces las ediciones modifican la forma de escribir, pero si estamos sensibilizadas y sensibilizados, habrá cambios en la forma de hacer comunicación y presentar la realidad”.

Un llamado también al sector docente de las comunicaciones a desarrollar acciones positivas como “incorporar la perspectiva de género en la planificación de las actividades académicas para garantizar condiciones de equidad para las mujeres”, tal y como lo manda la Política de Equidad de Género de la Universidad de El Salvador.

21 de Junio: Día para una Educación No Sexista

Redacción: Roselia Núñez

La Asamblea Legislativa salvadoreña, declaró en 1999, el día 21 de junio de cada año como “DIA NACIONAL PARA UNA EDUCACION NO SEXISTA”, a fin de que contribuya a la construcción de una educación formal y no formal que promueva y desarrolle actitudes, conductas y concepciones, que respetando las diferencias entre los sexos elimine las desigualdades genéricas e incentive a la sociedad en su conjunto a la reflexión sobre ello y dé un mayor impulso a la integración de nuevos valores en todos los componentes del proceso educativo.

El término sexismo se utiliza en las ciencias sociales para mostrar el conjunto de actitudes, comportamientos y valores que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato entre mujeres y hombres, sobre la base de la diferenciación de sexo.

De manera concreta, se puede apuntar que cuando se habla de una educación no sexista, se busca construir una educación formal y no formal con equidad, es decir, sin discriminación de género.

La Licenciada Patricia Castro, quien durante más de tres años se encargó del área de educación del Centro de Estudios de Género de la UES, comenta que el sexismo al ser un prejuicio basado en el sexo, hace que las personas “desde que nacemos y somos socializadas, vayamos aprendiendo pautas de cómo ser mujeres y cómo ser hombres, incluso desde antes de nacer se socializa a las personas de diferentes maneras según el sexo”.

Es a partir de esta diferencia de sexo, que se sobrevalora a los hombres y a los niños, con actitudes de desigualdad y jerarquización en el trato que se les da a las niñas, que son vistas como inferiores. Un ejemplo a través del cual se puede visibilizar esta diferencia y discriminación hacia las niñas, es que si nació una niña le dicen a la madre “entonces no se ganó la gallina”, contrario a si hubiera sido niño.

Social y culturalmente, se suele creer que por naturaleza los niños son decididos, valientes, controladores y fuertes y las niñas sensibles y débiles, lo cual tiene repercusiones en la vida adulta de mujeres y hombres. Es decir, que se estereotipa a las personas en la forma de comportamiento, como si todas tuvieran cualidades iguales, sin tomar en cuenta que cada una tiene cualidades individuales.

¿Cómo se manifiesta el sexismo?

La Licenciada Castro explica que el sexismo se puede transmitir a través del lenguaje, los símbolos e imágenes que los medios de comunicación, instituciones educativas y familia, entre otros, “nos presentan todos los días y como lo vemos todos los días damos por hecho que las actitudes diferenciadas de hombres y mujeres es lo correcto”.

Los medios de comunicación reproducen el sexismo de manera dual. Por una parte, presentan a la mujer como la madre, esposa y ama de casa y por otra, como objeto “sexual”, donde es utilizada para anuncios comerciales y con poca ropa, ofreciendo diferentes productos, en su mayoría para hombres.

En cuanto a los puestos de dirección en los medios, muy pocas veces son mujeres y por lo general los temas como educación, salud, cultura y sociedad son cubiertos por mujeres.

En cambio deportes, entrevistas, opinión pública y economía, son temas dirigidos por hombres, bajo el entendido que los hombres son más “capaces” para desarrollar estos temas.

Por otro lado está la parte técnica, en el país la edición de materiales audiovisuales por lo general es realizada por hombres, así como el área de cámaras de video, lo cual se puede ver en las distintas coberturas periodísticas, donde son hombres siempre, los que andan con una cámara en el hombro, por considerarlo que es “algo masculino”.

Ana Guzmán, es una periodista que ejerce su profesión desde hace un poco más de cinco años. Ella explica que en el tiempo que tiene de andar cubriendo noticias no ha observado a ninguna mujer periodista que se desempeñe como camarógrafa, lo cual considera se debe a que “el equipo es un tanto pesado”.

Pero ¿quién ha dicho que las mujeres no tienen la misma capacidad para cargar una cámara de video, como lo hacen los hombres? Reflexionando sobre esta frase, se puede afirmar que todo forma parte de la construcción social que se crea a las personas, a partir de los estereotipos de que la niña es débil y los niños son fuertes.

“Lo de la fuerza en los hombres no es algo biológico, eso es parte de la construcción social, recalca Patricia Castro, “ya que a las personas nos van educando para responder a lo que la sociedad considera lo que significa ser hombre y ser mujer”.

Si lo de la fuerza fuera algo de hombres, no existieran mujeres como la salvadoreña Eva María Dimas, quien posee records naciones e internacionales como levantadora de pesas.

Castro explica que la incorporación de la categoría sexo género en la ciencias sociales ha permitido resquebrajar la predeterminación biológica, demostrando que las actitudes de las personas no tienen ninguna relación con lo biológico, sino más bien, que son resultado de la construcción social, y que como toda construcción, es posible deconstruirla.

Yaneth Cerritos, docente de la Facultad de Medicina de la UES, considera que una forma de manifestar el sexismo en la educación, es a través de la poca atención que la planta docente brinda a la población estudiantil, ya que a veces, “se da más importancia a la participación de los hombres que a la de las mujeres en el momento de la clase”.

Otra forma dice, es cuando “no fomentamos la participación de las mujeres en el deporte como fútbol y Basketbol y cuando exigimos en las prácticas clínicas, vestimenta que ha sido estereotipada para mujeres, como por ejemplo, que si usa falda o vestido debe ponerse zapato de vestir, medias”.

Por otro lado dice, está el uso del lenguaje, que en la mayoría de ocasiones es utilizado en masculino invisibilizando a las mujeres.

Sobre el uso del lenguaje sexista

En el año 2008, la Maestra Sonia de Marroquín, docente de la Facultad Multidisciplinaria de Santa Ana, desarrolló una investigación cualitativa denominada la “Construcción Social del Lenguaje de Género en la Enseñanza de Instituciones de Educación Superior de Santa Ana”.

La información obtenida mediante la investigación, “refleja que tanto el personal docente como el estudiantado de las universidades (objeto de estudio), hacen uso sexista y androcéntrico del lenguaje con gran frecuencia”.

De acuerdo a la investigadora, los resultados “ponen en evidencia que aún cuando existe voluntad por parte del personal docente y del estudiantado universitario por usar el lenguaje no sexista en su interacción dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, existe mucha incongruencia entre su discurso y su uso real del lenguaje”.

Ella agrega que los resultados reflejan la realidad histórica que engloba muchas desigualdades, lo cual es producto “de nuestro sistema social, que le ha dado al hombre el derecho de someter, vigilar y hasta de castigar a la mujer, a quien históricamente se le ha considerado inferior”.

En ese sentido, se requiere de la modificación o transformación de actitudes tradicionalmente machistas que posibiliten el uso genérico del lenguaje de manera espontánea y consciente, ya que la investigación refleja que el personal docente y el estudiantado, hacen “un uso sexista del lenguaje de manera natural y espontánea, como producto del proceso de naturalización de los roles, la constante asignación social de funciones y actividades a las mujeres y a los hombres”.

El lenguaje está en constante cambio y los cambios en el lenguaje surgen acorde a las necesidades de su pueblo. Estos cambios en el lenguaje reflejan el hecho que vivimos en una sociedad y naturaleza cambiante, dice la Maestra de Marroquín.

La investigación realizada “muestra claramente que para lograr cierta uniformidad en el uso genérico del lenguaje debe haber cambios estructurales en nuestra sociedad. Tal como sostiene Crane (1981), los cambios en el lenguaje son paralelos a la historia de sus hablantes”.

“Es decir, que el uso genérico del lenguaje se consolidará siempre y cuando los cambios vayan acompañados de estructuras sociales que contrarresten las desigualdades entre los seres humanos”.

Evidentemente no es un fenómeno aislado que se va a dar a nivel educativo simplemente, es un proceso ligado al desarrollo social, cultural, político, económico y educativo.

Por tanto, es importante generar las condiciones de cambio en los diferentes ámbitos a fin de que de una manera sistemática y segura se mecanice el uso del lenguaje de género en la enseñanza superior universitaria, finaliza la Maestra de Marroquín.

Para Patricia Castro, el uso del lenguaje en masculino se debe a que “nos hicieron creer desde la casa, la iglesia, la escuela que hablar en masculino es universal y que ahí estamos incluidas las mujeres y esto para nada es cierto. Si las mujeres somos la mitad de la población creo que merecemos que nos nombren, además, que lo que no se nombra no existe”.

¿Cómo evitar el sexismo?

“Es una tarea bien grande y creo que las personas que ya empezamos esta lucha, tenemos la tarea de comentar, hablar y generar debate sobre este tema con otras personas. Una forma, es desde las casas”, dice Patricia Castro.

Ella considera por ejemplo que hay que compartir las tareas domésticas con los hombres de la casa, ya que las tareas domésticas “no es cierto que sea una labor que solo deban realizar las mujeres”. “Creo que si pueden hacerse cambios y el empezar a dejar en mano de los hombres la tareas que siempre se nos asignan a nosotras es un paso”. Por otro lado, están las instituciones educativas.

Para la Licenciada Castro, los espacios académicos, son una buena forma de ejercitar la conciencia entre las demás personas, a través de la exigencia por parte de las mujeres a ser incluidas en la toma de decisiones y nombradas a la hora que docentes se dirijan al alumnado, “ya que las mujeres y los hombres merecemos estar en las mismas condiciones y tener las mismas oportunidades para desarrollarnos”.

La Licenciada Cerritos por su parte, dice que una forma de evitar el sexismo en la educación aún desde los primeros años de formación, es a través de la formulación y aplicación de políticas que busquen la equidad, sensibilización y formación de formadores en materia de género.

Por otro lado, ella recomienda a las diferentes instituciones, impulsar programas encaminados al empoderamiento de las mujeres, así como a la realización de investigaciones que evidencien la situación de inequidades de género, que cada día afecta más a las mujeres.

A nivel universitario, existe ya un instrumento institucional que determina acciones concretas para hacer realidad el pensamiento sobre la equidad de género, el cual tiene como nombre “Política de la Equidad de Género para la Universidad de El Salvador”, aprobada en el Consejo Superior Universitario, el 24 de mayo del año 2007.

En este sentido, el reto es que toda la población universitaria conozca “su Política de Equidad de Género”, se apropie de ella y a partir de ahí, se generen debates con los tres sectores de la universidad que den como resultado, el camino a seguir para lograr transformaciones en la universidad, con el objetivo de erradicar las desigualdades de género, para ir construyendo una sociedad más justa y humana para mujeres y hombres.