Mujeres, familia y trabajo

Por: Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos Universitarios (2011-2015 – 2015-2019)

Los derechos humanos de las mujeres se basan en una serie de principios generales de interpretación, uno de estos es el derecho a ser sujetas con ciudadanía plena para la toma de decisiones y administración de su vida.

De estos derechos se derivan otros más, como el derecho a la familia y la maternidad.  Los artículos 1, 2 y 32 de la Constitución de la República de El Salvador garantizan a la persona humana su derecho a la vida, la integración física y moral, así como el deber del Estado de dictar la legislación necesaria para la protección de los integrantes de la familia y crear los organismos y servicios apropiados para su bienestar y desarrollo social, cultural y económico.

Pero la realidad muestra lo contrario, la cultura machista imperante de los estados ha generado que las mujeres históricamente hayamos sido discriminadas en diferentes ámbitos y por diferentes situaciones, ya sea cultural o simplemente por desigualdad de condiciones que a raíz del mismo rol histórico de la mujer se dan en nuestras vidas.

Es difícil igualar oportunidades con las de un hombre en el ámbito profesional cuando se es mujer, pero no imposible, pues  la igualdad de oportunidades en relación a los hombres al desempeñar un rol profesional es más complicado siempre para una mujer cuando tenemos a cargo diferentes roles: profesional, esposa y madre, o a lo mejor solo el de madre soltera y profesional, o mujer sola profesional, en todos los casos es una labor titánica, pues aunque se diga que tenemos iguales derechos, el ejercerlos se vuelve mucho más complicado para una mujer que tiene que desempeñar ese rol de madre.

Sin lugar a dudas las mujeres en los últimos 20 años hemos ido conquistando, descubriendo e incorporando derechos fundamentales, pero restringidos en su ejercicio,  en la medida que la ciudadanía no tiene el mismo valor para los distintos sectores sociales, la complejidad de conceptos que generan desigualdades estructurales como clase, raza, género, edad, opciones sexuales, maternidad, etc.

El desarrollo y la expansión de los derechos de las mujeres pueden darse por decisión de las élites dominantes en muchos casos o por presión desde abajo o en combinación de ambas. La aspiración a gozar plenamente de nuestros derechos de ciudadanas plenas está en referencia a nuestras conquistas; descubriendo, incorporando y ejercitando en nuestra  lucha por ampliarles, pues siempre serán restringidos.

Sin embargo podemos exigirlos desde nuestro ámbito profesional y en cada uno de los roles que desempeñamos las mujeres tomando en cuenta que muchos de esos roles debieran ser considerados para darnos un trato diferente con el objeto de llegar a ponernos en igualdad de oportunidades.

Deconstruir las relaciones de poder que dan soporte a la ideología de la superioridad masculina es una labor grande de este Centro de Género. En la cual todas y todos en la comunidad universitaria podemos hacer la lucha aunque no es tarea fácil ni su final está garantizado.

La historia nos demuestra que todo esto no es suficiente, que se necesitan además mecanismos institucionales y democráticos fuertes que garanticen su cumplimento y sancionen  a los que violen dichas normas.

En este sentido la educación adquiere una particular relevancia con estudios que promuevan acciones que favorezcan el cumplimiento real de los derechos de la mujer que elige responsablemente formar una familia y su derecho a la maternidad.

En este ámbito es donde las mujeres realizamos la llamada triple jornada. Por una parte se nos reconoce el trabajo productivo pero no así el trabajo en la esfera doméstica, este no se ve, no se cuenta, no se paga, no se protege.

Existe una negación de la sociedad a esta parte de trabajo, el cual, no es exclusivo de la mujer, ya que debe existir una corresponsabilidad tanto de mujeres, como de hombres en la familia.

Que se pueda conciliar trabajo, familia y profesión, supone un cambio socioeconómico, donde el Estado y la sociedad no invisibilice el trabajo del cuidado en la esfera doméstica.

Hoy no se reconoce socialmente ni económicamente como un trabajo, sino el desempeño “natural” de las mujeres en el hogar.    Por otra parte, en muchos países existe una clara discriminación y violación a las mujeres, cuando en la selección de personal de las empresas no por razón de sexo, sino por el hecho de ser o poder llegar a ser madre no son contratadas.

En investigaciones hechas en España, el 86 por ciento de los casos y ante candidatos con las mismas aptitudes, los seleccionadores prefieren hombres jóvenes. Sin embargo, cuando el puesto requiere madurez y edad es superior, haber sido madre empieza a ser un punto a favor.

En este sentido, cabría hablar del derecho a la diferencia como derecho de las mujeres a integrarse en la vida pública y laboral, teniendo en cuenta su maternidad. Esas diferencias entre las mujeres tienen que ser la base de una nueva reestructuración de las condiciones de trabajo.

Pero de poco serviría este cambio si el hombre no descubre y ejerce plenamente su paternidad de manera responsable y complementaria a la maternidad.  Por lo que urge la sensibilización y educación de los hombres.

Hay una masculinidad asignada al hombre que está asociada a la fuerza, la violencia, a la agresividad, la potencia, la inteligencia. Bajo ese mandato social “el hombre” continuamente debe probarse y probar que ha logrado el anterior modelo definido de ser hombre.

Sin la construcción de mecanismos que nos lleven a superar esos modelos será muy difícil una igualdad de hombre y mujeres, mucho menos conciliar trabajo, familia y profesión, pues necesitamos la complicidad del hombre.

En otro sentido, otra violación que se da en contra de las mujeres que eligen la maternidad es que al quedar embarazadas son despedidas a priori <<por bajo rendimiento, desinterés por la empresa o escaso compromiso>>. Esta práctica sigue existiendo <<de facto>> a pesar que violente nuestra ley y tratados internacionales.

El derecho a la familia como a la maternidad, obliga  al Estado como a todas las instituciones realizar políticas de apoyo a las familias, como serían, abrir guarderías, despensas, jornadas de refuerzos académicos para los hijos e hijas de empleadas y empleados.

La puesta en marcha de modelos de igualdad de oportunidades, entendiéndola como  igualdad en la diferencia. Las mujeres –dicen- no sólo deben estar; sino intervenir en las leyes que hacen referencia a ellas mismas y a la situación derivada de su maternidad.

Sólo desde la complementariedad igualdad en la diferencia-, mujeres y hombres pueden hacer la cultura, la empresa y la familia juntos. Con una legislación de igualdad de oportunidades,  cada uno será capaz de aportar modos específicos de ser y de actuar para enriquecimiento mutuo. Así como cualquier niño necesita del amor y la atención tanto de su padre como de su madre, el mundo del trabajo y la vida social también lo necesitan.

El mundo laboral, a su vez, reclama la presencia de la mujer-madre para estar en función de la persona y la familia. Ningún sexo está librando una batalla para desplazar al otro en la familia, en el trabajo, en la cultura o en la sociedad. Se trata de sumar, compartir y perfeccionar la vida que al fin y al cabo es de los dos. Y siempre bajo el lema de la libertad, pero una libertad responsable que busca la cooperación y se basa en el respeto. Ningún poder institucional puede marcar el signo de esta revolución silenciosa, tan sólo deben tener la sensibilidad suficiente para saber lo que está pasando y favorecer un marco social y legal que facilite nuevas formas de organización laboral y social que contemplen a la familia como un núcleo esencial, protegible dentro de la sociedad, pero, a la vez, dinámico y participativo.

Por otra parte para conciliar trabajo, familia y profesión hay que avanzar hacia un feminismo integrador, de la complementariedad y la cooperación entre mujeres y hombres en  todos los ámbitos de la vida –familia, cultura, empresa y sociedad-.

Según el artículo 16, 3: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad.  La Carta de Derechos de la Unión Europea, establece que la principal prioridad en política familiar es la puesta en marcha de medidas que permitan conciliar la vida familiar y profesional.  Por lo que hay que cambiar el curso del  razonamiento económico: en lugar de pensar a corto plazo: lo que cuesta la familia en ayudas directas e indirectas, en políticas familiarmente responsables y en nuevas modalidades de contratos, deberían  pensar a largo plazo: lo que cuesta la no-familia a la vista de que la pirámide de todos las problemas que pueden generar, más violencia y delincuencia juvenil.

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